Los jueces ultrapodemitas Rosell y De Prada no irán al Poder Judicial al vetarles el PP

El PSOE y el PP siguen sus negociaciones, pero hay puntos que empiezan ya a definirse. Y, entre ellos, el PP ha exigido dejar fuera de las ternas del Poder Judicial a los dos jueces predilectos de Podemos: Victoria Rosell y José Ricardo de Prada.

Victoria Rosell es todo un clásico del partido morado. En 2016 la juez y ex diputada de Podemos se enfrentó a una querella del ex ministro José Manuel Soria. El caso fue admitido a trámite por el Tribunal Supremo lo que provocó que Rosell tuviera que renunciar a volver a presentarse a las elecciones en cumplimiento con el código ético de Podemos.

En diciembre de 2016 el caso contra Rosell fue archivado. Y en marzo de 2019 Rosell anunció su vuelta a la política liderando la lista de Unidas Podemos en Canarias para las elecciones generales de abril de 2019. Logró el cargó y volvió a la política. En las elecciones de noviembre de 2019 Rosell volvió a las listas y volvió a ser elegida diputada, aunque renunció al escaño en enero de 2020 para ser nombrada delegada del Gobierno contra la Violencia de Género.

José Ricardo de Prada

El caso de José Ricardo de Prada no tiene una connotación tan activa desde el punto de vista de aspirar a cargo político, pero sí desde el punto de vista de la polémica por la sentencia de Gürtel. Y es que De Prada fue uno de los jueces decisivos en la sentencia que provocó la moción de censura al Gobierno de Mariano Rajoy y que afirmó que el testimonio del ahora ya ex presidente carecía de «credibilidad». La sentencia afirmó que el testimonio de Rajoy no fue lo «suficientemente creíble» en su declaración del 26 de julio de 2017 en el juicio por el caso Gürtel. Esa afirmación se convirtió en el combustible estrella para justificar la moción que acabó tumbando al último Gobierno del PP.

Esos jueces son los predilectos de Podemos. Y los dos se pueden quedar fuera de poder optar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por el veto del PP. El PSOE, de hecho, trasladó ya desde el pasado viernes al PP la posibilidad de apartar a Podemos del pacto del Poder Judicial para lograr cerrarlo. Pablo Casado exigió esta condición y Pedro Sánchez está por la labor de dejar a Pablo Iglesias al margen y de hacerlo de una forma acelerada: antes del muy próximo jueves 25 de febrero. En esa fecha, ambas formaciones pretenden tener cerrado un acuerdo que incluye la renovación de cargos en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en RTVE, en el organismo del Defensor del Pueblo y en el Tribunal Constitucional.

Sánchez, harto de los desplantes de Iglesias

El presidente del Gobierno está harto de los desplantes de su socio de Gobierno y por eso ha decidido ofrecer a Casado dejar fuera a Podemos de la negociación de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, tal y como solicitaba el Partido Popular para pactar la citada renovación del órgano de gobierno de los jueces. De este modo, el PSOE cumpliría dos de las tres exigencias que tenía el PP para llegar a un acuerdo de renovación: apartar a Podemos y aparcar la reforma unilateral y por una mera mayoría absoluta del Poder Judicial. El ofrecimiento del PSOE y de Sánchez se materializó durante la llamada del presidente del Gobierno a Pablo Casado.

PSOE y PP han mantenido ya este pasado lunes un encuentro para acelerar en la negociación y pasarán en breve a los nombres de los aspirantes a los cargos clave. Pero, por ahora, ya salen de la quiniela algunos de los que consideran ambas formaciones que romperían la posibilidad de consenso.

El líder del PP mantiene sus tres condiciones ya clásicas para cerrar el pacto de renovación de los cargos del Poder Judicial: que Podemos no intervenga de ninguna manera en la negociación del nuevo CGPJ; que se retire la reforma legal con la que los socialistas pretenden rebajar la mayoría necesaria, ahora de tres quintos, para renovar los cargos del CGPJ; y que se modifique la ley para volver a la regulación del Poder Judicial de 1980, donde los jueces elegían a los jueces.

A nadie se le escapa igualmente que el paso dado por el PSOE responde en parte al enfado del presidente con Pablo Iglesias debido a que su formación ha alentado los ataques callejeros vividos en las últimas jornadas y el propio vicepresidente ha descalificado a España afirmando que no es una democracia «plena» por encarcelar a los golpistas del 1-O.